Irán a la Justicia funcionarios que acepten regalos

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Los funcionarios y servidores públicos fueron advertidos hoy por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) que serán sometidos a la justicia en caso de que reciban gratificaciones, dádivas, obsequios, comisiones, recompensas, como pago por actos inherentes a sus cargos.

Mediante una circular, la entidad les recordó que el artículo 80 de la Ley 41-08, les prohíbe solicitar, aceptar o recibir, directamente o por medio de persona interpuesta, gratificaciones, dádivas, obsequios, comisiones o recompensas.

También les hizo saber que por medio de esa legislación, les está prohibido solicitar, aceptar o recibir ventajas o beneficios en dinero o en especie, por facilitar a terceros la adquisición de bienes y servicios del Estado, o facilitar a éstos la venta de los mismos.
Por igual, les dijo que no pueden prestar, a título particular y en forma remunerada, servicios de asesoría o de asistencia al Estado, relacionados con las funciones propias de sus cargos.

En la circular les recordó a los funcionarios y servidores públicos que tampoco pueden recibir más de una remuneración con cargo al erario, excepto que estuviera expresamente prevista en las leyes o reglamentos; aceptar designación para desempeñar en forma simultánea más de un cargo del Estado, salvo cuando se trate de labores docentes, culturales, de investigación y las de carácter honorífico, no afectadas por incompatibilidad legal, y con la debida reposición horaria cuando hubiera superposición de este tipo.

Precisa la circular de la Digeig, que tampoco pueden obtener préstamos y contraer obligaciones con personas naturales o jurídicas con las cuales tengan relaciones oficiales en razón de los cargos públicos que desempeñan, ni intervenir, directa o indirectamente, en la suscripción de contratos con el Estado a través de la institución donde labora y en la obtención de concesiones o beneficios que impliquen privilegio oficial en su favor, salvo en los casos en que por mandato de la ley los deban suscribir.

Indica que, además, no pueden asistir al lugar de trabajo en estado de embriaguez o bajo el influjo de drogas o sustancias estupefacientes, ni participar en actividades oficiales en las que se traten temas sobre los cuales el servidor público tenga intereses particulares económicos, patrimoniales o de índole política que en algún modo planteen conflictos de intereses.

Tampoco valerse de sus influencias jerárquicas para acosar sexualmente a servidores públicos en el Estado, ni del cargo para hacerlo sobre ciudadanos que sean usuarios o beneficiarios de servicios del órgano o entidad a la que pertenezca el servidor público.

También les recuerda que la citada ley les impide requisar, sustraer o copiar informaciones de manejo exclusivo propio o de otros compañeros de trabajo, sin la expresa autorización de éstos o de su superior inmediato, todo esto sin desmedro de lo establecido en legislaciones vigentes; representar o patrocinar a litigantes o intervenir en gestiones extrajudiciales contra de la administración pública, excepto en casos de defensa de intereses personales del servidor público, de su cónyuge y de sus parientes consanguíneos o afines en primer grado.

UN APUNTE

En Salud Pública

La directora de Etica e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, se reunió esta mañana con el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, con quien trató el tema de la suspensión de un funcionario de esa cartera, quien supuestamente cobraba para gestionar empleos a terceros. El encuentro se realizó en el despacho de Arias, e inició cerca de las 9:00 de la mañana.

A la salida de la reunión, Ortiz Bosch reiteró que el caso será investigado a fondo y dijo que trabajan en el análisis de grabaciones y documentos que han sido enviados al organismo que dirige. La funcionaria estuvo acompaña por el abogado Edison Jael Peña y otros funcionarios de la Comisión de Ética.

El nombre del funcionario suspendido no ha sido revelado de manera oficial, pero una fuente del Ministerio dijo que se trata de uno de los jefes de Recursos Humanos. Salud Pública ha mantenido en secreto la identidad de la persona investigada, por lo que se presume se trata de un político importante.

(El Nacional / Silvio Cabrera)